anteriores al 2016

¿Aborto Terapéutico?

Según quedó fundado en la doctrina Cumplido-Pacheco, ratificada por el Congreso al abolir la pena de muerte, la vida humana no está disponible a los legisladores porque nuestro ordenamiento jurídico reconoce límites; sólo la primera autoridad de la nación puede disponer de algo tan esencial como la vida humana ante amenazas gravísimas al bien común, basada en causales y restricciones estrictamente normadas.

Nuestra constitución y nuestras leyes reconocen como única dirección posible defender a la persona humana penalizando todo acto que la amenace en su vida, subsistencia o realización; además, esta defensa debe hacerse en el contexto que la Constitución Política exige: la igualdad ante la ley, lo que por definición excluye discriminación positiva o negativa. He aquí el valor mayor que ha sido encomendado a vuestro cuidado.

Ahora bien, ¿porqué algún valor podría considerarse superior en todo orden? Más allá de creencias religiosas, de horizontes filosóficos o de doctrinas jurídicas, hay un hecho cierto: “comunidad humana” no es sinónimo de “sociedad humana”; la sociedad es subalterna a la comunidad y a cada individuo que la compone, y está a su servicio; la sociedad no puede de manera alguna tornarse contra un individuo o la comunidad.

Tenemos un dato evidente e indiscutible para comprenderlo: la persona humana y la comunidad que forma a partir de la familia son, desde mucho antes de la historia humana, la única fuente de existencia y realización integral espacio temporal de sus miembros actuales y futuros, lo que incluye adaptación y sustentabilidad; la actividad reproductiva, fundamental para tales fines, es del mayor interés comunitario (y social), no es sólo un hecho privado que reposa en quien lo ejerce, pues los frutos de esa actividad, nuevas personas humanas, constituyen la única esperanza comunitaria de trascender espacio-temporalmente. Entonces quienes existen o quienes existirán no pueden, de principio, oponerse contradictoriamente entre sí.

¿Porqué en particular autorizar el aborto podría constituir una violación grave de este principio? La cuestión es si alguna vez podrá haber excepciones a este principio. Si se proponen axiomáticamente “derechos reproductivos” para oponer contradictoriamente femineidad con maternidad o para oponer una vida a otra, podemos afirmar también axiomáticamente la falsedad de esa proposición, pues la condición humana no admite excepciones. Aquí se invocó al ejercicio de ser, no al ser mismo, pero la casuística citada para sostener el derecho a abortar es débil: ninguna causa científica de conflicto vital madre-hijo ofrece certeza absoluta o indiscutible, ninguna inviabilidad o defecto fetal puede ser aducida como proporcional, y ningún mal moral que originó la fecundación puede validar otro mal moral objetivo: matar. No existe ni debe existir en nuestro orden social el derecho de matar a otro ser humano.

Ninguna casuística puede contradecir tal principio, en síntesis. Cualquier individuo puede matar pero ninguno debe matar, no porque esté prohibido y penalizado severamente, sino por respeto a la vida y dignidad humana; la prohibición y penalización, el “no”, se sustenta en el valor mayor de la vida y dignidad humana.

Se ha intentado argumentar que evitar usar nombres dados por la ciencia al ser humano en gestación, para afirmar la condición humana desde la misma concepción, es una maniobra ideológica que representa a sólo una parte de la sociedad. En esto no cabe confusión: todos los nombres que un ser humano recibe para identificar su individualidad, pertenencia a grupos, estado de desarrollo biológico o rango etáreo, describen situación espacio temporal; no subvierten, niegan o contradicen la condición humana esencial. Esta condición humana no se afirma desde una perspectiva ideológica, pues es el universal; lo propio de la ideología es lo inverso, es decir, afirmar lo particular con carácter absoluto, oponiéndolo al universal, y por ello entendemos ideología como vicio de razón que confunde la percepción de la realidad.

Se comprende, a la luz de lo anterior, que una mayoría favorable al aborto (no es el caso) no será suficiente para validar su legitimación; entendemos que podría existir esa mayoría, eventualmente, y por tanto podría legislarse en esa línea, pero el precio a pagar será la invalidación social del principio que la funda: el respeto a la vida y a la dignidad humana.

También se argumenta casuísticamente, utilizando las actuales cifras de aborto, que no legislar es un acto de hipocresía. En efecto, se observa con pavor una sociedad postmoderna que afirma el principio de la vida y la dignidad humana, mientras al mismo tiempo sus miembros perpetran actos contrarios a la subsistencia, el desarrollo, la dignidad y la misma vida de otros; no cabe más que dolor por esta hipocresía que todos llevamos dentro en mayor o menor grado. Sin embargo, es incorrecto considerar a la hipocresía como una falta moral mayor que matar; de usarse la expresión “hipocresía”, debemos recordar que ella define a quien exige principios valóricos a otros mientras, en privado, actúa contra esos principios; por tanto, ese defecto por sí mismo no niega el principio, más bien lo obscurece con actos contrarios a él. Es absurdo usar la calificación de hipócrita para suprimir principios, en vez de ir contra el verdadero vicio, la inconsecuencia entre lo que se cree y lo que se hace. Pero ¿puede haber principios y valores falsos? Exacto, puede haberlos, pero convendremos todos en que la vida y la dignidad de la persona humana no están entre ellos.

La fecundación que resulta de una violación es particularmente ilustrativa. Entendemos la violación como horrorosa porque ataca la dignidad humana de la víctima en lo más profundo de su ser, causando graves secuelas. Algunas víctimas de violación, mujeres en edad fértil, pueden eventualmente embarazarse. Aún cuando algunos pidan la pena de muerte para el violador, la sociedad definió a inicios de los ’90 que no corresponde absolutamente; entonces si un violador, no importando quien es la víctima, no merece la muerte, ¿en virtud de qué proporción habría de merecerla quien no tuvo participación voluntaria en ese repudiable acto? El violador, la víctima y el eventual hijo que devenga de esa fecundación forzada, tienen dignidad humana. Matar no resuelve el problema, la violación es el problema. No se puede pretender que la violación a la dignidad humana de alguien pueda ser reparada con un acto de violación a la vida humana de alguien que no tiene nada que ver con la ofensa. Lo lógico es luchar contra el mal mismo, y es ilógico calificar a un ser humano como “efecto indeseado” del mal perpetrado, esperando que esa calificación obscurezca su condición humana al punto de no merecer vivir.

Se acusa a quienes sostienen esta tesis de no comprender a las mujeres.

No importando la edad ni el sexo de un ser humano, corresponde a todos ajustar pensamientos y emociones subjetivas al valor objetivo de la vida humana propia y ajena. Una mujer fértil víctima de violación, aún cuando su dolor nos desgarre hasta los cimientos, no está relevada de este deber. Ahora bien, si se sigue la vía casuística, la razón exige evaluar todas las direcciones posibles; en una de ellas, muchas personas concebidas en una violación han resultado de gran aporte para sus propias madres, para su familia y comunidad, y hasta para el agresor. Como vemos, la casuística llevará a empatar, no iluminará la cuestión de fondo.

Obrando en conciencia, alguien puede tomar la decisión de abortar, situándose frontalmente contra opiniones, creencias y leyes vigentes, bastándole asegurar la privacidad para evitar confrontar la ilegitimidad de su acto ante la comunidad y la sociedad, en el entendido que sabe que su acto es un mal objetivo, aunque puede no comprender porqué o puede tener razones fundadas que sobrepasan cualquier juicio externo a su conciencia sobre el mismo hecho. Si se obra en conciencia en cuestiones tan graves como estas, no se ve necesidad alguna de exigir a la sociedad legitimar y validar alguna cosa, pues se obra en contra de un principio general persiguiendo un objetivo particular que, en este caso, con el acto abortivo queda resuelto. Pero nadie que viole un principio general, por relevantes que puedan aparecer sus motivos ante la propia conciencia, puede pretender la derogación de toda norma que define su acto como mal, pues la sola subjetividad jamás será suficiente para negar el valor objetivo universal de la vida humana; en conciencia, entonces, cualquier evaluación pro abortiva no puede soslayar la palabra “matar”, ni puede disimular bajo eufemismos ideológicos los duros efectos de cometer un acto semejante.

Cuando se habla, por ejemplo, de embarazos tubarios o ectópicos, no es usual ser informado del aumento porcentual de ellos, ni de las causas de este aumento, a saber: uso de dispositivos intrauterinos, tabaquismo, píldora del día después, enfermedades de transmisión sexual, reproducción asistida… En cualquier caso el riesgo es enorme para la vida de la madre, dependiendo de la localización en el tubo o en otras áreas. Debo insistir en que cité sólo causas probables de aumento porcentual; si ellas desaparecen disminuye mucho la incidencia pero no desaparece el problema.

El anterior ejemplo nos abre dos interrogantes complejas. En primer lugar, al legitimar el aborto terapéutico aludiendo a tal causa, se estará evitando enfrentar las causas de la mayoría de los casos relacionados con los factores de incidencia consignados: conductas de riesgo que resulta más lógico desincentivar, o en otros casos una zona obscura de la ciencia, entendida no como siniestra o perversa, sino simplemente como confusa o incompleta, que al ser aplicada provoca efectos no deseados contra la vida humana; por tanto resulta más lógico controlarlas por la vía de elevar el standard de calidad y seguridad exigidos. En segundo lugar, para los casos restantes en que no hay voluntad humana comprometida en el embarazo ectópico, ¿porqué se requiere una ley de aborto terapéutico? Aquí la excepción confirma la regla, a todas luces no constituye una nueva regla que sustituye a la anterior.

Hemos de recordar que no se puede legislar sobre el aborto natural porque no tiene ningún sentido, y la cuestión más álgida es el aborto voluntario, por el motivo que pueda ser invocado subjetivamente, en el contexto de lo escrito. El área que podría atenderse sin incurrir en agresiones mayores es el aborto terapéutico o indirecto, pero éste requiere precisarse, y para ello se debe acudir a una ciencia que no tiene todas las respuestas; las dudas razonables provenientes de la ciencia no afectan nuestro marco valórico y jurídico en lo medular, y no lo compromete de hecho, en esencia; por tanto no requiere modificación. Todo cuanto podría requerirse, más que una ley especial, es precisar el patio de maniobras en que puede moverse una embarazada o su médico tratante, entre otras cosas para desincentivar, por así decirlo, prácticas incompatibles con el respeto que merece toda vida humana, como lucrar con el embarazo no deseado o complicidad y facilitación de conductas irresponsables contra otro ser humano.

¿Validar el aborto por la vía de legitimar? La sociedad expresa la norma general con la energía que exige la defensa de la dignidad de toda persona humana: no matar. El orden social no se dedica a validar excepciones sino a asegurar normas generales en algo tan esencial. Si, además, las excepciones se intentan sostener de afirmaciones científicas sobre las que hay desacuerdos y dudas, de axiomas ideológicos sobre los que estamos lejos de alcanzar consenso, de derechos no aceptables en nuestro ordenamiento (superpuestos ilegítimamente a la misma Constitución Política) ni coherentes con los límites que toda persona humana y toda comunidad asumen por el sólo hecho de existir, y que definen un mal objetivo (matar), no se comprende que intentar legitimarlas pueda, de alguna misteriosa manera, validarlas al punto de llegar a considerarlas un bien.

Legitimación no es sinónimo de validez, y se requieren ambas; si el legislador intenta divorciar una de la otra, lo que hará será divorciar sociedad de persona humana y de comunidad, provocando en ese acto que la norma deje de servir a quien se debe, amenazando a todo ser humano bajo su potestad, lo que por extensión se aplicará también a él, a los suyos y a su propia potencial descendencia. Por ahora, la amenaza en este caso es “sólo” morir por mano de la propia madre.

Sin ánimo de calificar intenciones, es de público conocimiento el origen de las iniciativas, su inspiración doctrinaria e ideológica, y sus objetivos políticos específicos, pues han sido entregados con toda transparencia por sus promotores. Hay tras esta “agenda valórica” acción cuyo objeto explicitado públicamente es contrastar políticamente antigüedad con modernidad o regresivos con progresivos, para calificar negativamente a contendores políticos ante el votante, buscando el beneficio derivado de la segregación.

Pero el resultado es execrable: establecer agendas críticas que dividen artificial y deliberadamente a miembros de la comunidad humana para obtener dividendos de algún tipo. Sustentar ideas o creencias diferentes es válido y legítimo, esto es indiscutible. Pero utilizar las estructuras sociales como plataforma para oponer contradictoriamente a la comunidad y a las personas, polarizándolas en propio beneficio, constituye las antípodas de la definición del cargo público; quienes son parte de la comunidad eligen representantes para que dediquen sus esfuerzos a todo cuanto apunte al bien social y comunitario, y el acto de polarizar a la sociedad se riñe gravemente con este objetivo. La humanidad, aunque no guste a alguno, contiene a personas que piensan diametralmente opuesto sobre ciertos temas; el punto de unidad suscrito formalmente, no matar, es el mínimo esperable en quienes aún quieren resolver las cuestiones más graves por la vía de la razón.

¿Es verdad que toda oposición al aborto proviene de mentes católicas ultramontanas, medioevales, “derechistas” o fanáticas? No, es total su falsedad, como hemos visto; afirmar tal cosa es descalificar “ad hominem” a quien piense diferente y a grupos creyentes, y también constituye prejuicio; es maniobra malvada que manifiesta debilidad argumental y revela carencia de respeto a la dignidad de otro ser humano. La única posibilidad de resolver esta cuestión es el diálogo argumental.

Descalificar a cualquier ser humano que se oponga a las iniciativas abortivas, evitando así enfrentar la cuestión argumental, o burlarse grosera y toscamente de quienes avancen su pensamiento acerca del particular, específicamente de una mujer, de ninguna manera es propio de líderes elegidos en cargos de representación de quienes se espera lo mejor.

Los líderes sociales están llamados a educar a quienes los legitimaron en la identidad esencial y existencial que nos sostiene como sociedad, para validarse como tales; aún con alto nivel de consenso que respalde una iniciativa, el líder debe oponerse si contraría cuestiones esenciales, siendo su problema el exponer didácticamente la razón de su oposición para convencer a “sus bases”. El líder no tiene espacio de maniobra, no puede sumarse a mayorías que exigen el derecho a matar a los hijos propios, o a cualquiera. El líder debe afirmar la vida humana como el mayor bien objetivo y, por tanto, afirmar el “matar” como el mayor mal objetivo, sin dejarse arrastrar por consideración subjetiva alguna, ni intentar normar por ley las áreas propias de la conciencia, donde residen las más básicas nociones de bien y mal que pueden sostenernos como sociedad.

Leave a Reply